Fue una de sus principales promesas de campaña de Javier Milei y lo ratificó con énfasis tras el balotaje que lo convirtió en presidente. Se trata de un ajuste fiscal de gran magnitud que intentará poner en equilibrio al presupuesto nacional, incluso bajando impuestos. Según él mismo dijo en reiteradas oportunidades, el objetivo es recortar el gasto total del Estado en 15 puntos del PBI, para lo cual deberá atacar diversos frentes del presupuesto nacional.
No obstante, según el análisis de IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), el equilibrio fiscal requiere una reducción real del gasto primario del 25%. En términos del PBI implica un nivel de gasto como el del año 2007.
De acuerdo con datos oficiales, el gasto público consolidado nacional (es decir, todas las erogaciones realizadas por el sector público nacional, excluyendo los gastos de las provincias y de los municipios) representan algo más del 24% del total del PBI, por lo que plantear una reducción del 15% del PBI, implicaría una fuerte reducción del gasto, superior a lo que propone IARAF.
El nuevo gobierno analiza en qué áreas puede avanzar en el recorte del gasto.
Según este instituto, el gasto primario nacional en 2023 está constituido en un 54% por prestaciones sociales, que incluye jubilaciones y pensiones, prestaciones de PAMI, asignaciones familiares y sociales y los diversos programas sociales. El presidente electo prometió antes de la elección que no saldría de aquí, al menos en una primera etapa, el ajuste propuesto. Queda claro que hacerlo implicaría un alto costo social y político, pero aún así no sería posible avanzar con el 15% del recorte si no se pasa por esta gran caja de gastos del Estado.
Por lo pronto Milei espera poder modificar el cálculo de ajuste de jubilaciones y pensiones para bajar haberes y, aunque no hay anuncios aún, es posible que se terminen los medicamentos con bonificación al 100% y la racionalización de las prestaciones de PAMI, tal como sucedió durante el Gobierno del actual socio del libertario Mauricio Macri.
Por otro lado, los planes sociales serán trasladados desde Desarrollo Social a Trabajo, para reconvertirlos en el corto plazo en empleo privado.
El ajuste del Estado fue una de las promesas de campaña de Milei. Télam
El segundo ítem del presupuesto donde se puede ir a buscar recursos para achicar el gasto es el costo de funcionamiento del Gobierno. Se trata de un 16% sobre el que Milei puso especialmente los ojos, ya que lo asocia al gasto de la política (o la casta, como la llama). La reducción de la cantidad de ministerios, con la baja de la cantidad de puestos de empleados estatales, es un tarea en la que prometió actuar rápidamente. El latiguillo de que el costo del ajuste lo pague la política tiene aquí un espacio privilegiado. Claro que no es posible eliminar todo el gasto de la administración y la reducción de la plantilla del Estado no parece generar gran ahorro.
En este apartado están contemplados los gastos de las empresas públicas estatales con sus déficits operativos, en algunos casos y que Milei prometió privatizar.
El tercer ítem es el gasto en subsidios, que representando un 12%. El presidente electo tiene decidido cortar con todos ellos, algo que reconoció no podrá hacer de un día para el otro. Por lo pronto, se esperan aumentos en diversos servicios que generarán un "sinceramiento de precios" y que implicarán una reducción de subsidios. Aún queda por ver cuánto y a qué velocidad se actuará en este ítem que promete ser el mayor generador del ahorro buscado.
Finalmente aparecen los gastos en capital e inversión con un 10% del total, un ítem que integra el gasto en obra pública, la que Milei prometió paralizar ni bien asuma. A estas cuentas hay que sumarles transferencias corrientes y de capital a provincias, transferencias a universidades y otros gastos corrientes.
Desde IARAF realizaron un ejercicio hipotético de reducción del gasto. Si se eliminaran las transferencias no automáticas totales a provincias se sumaría un 23% del ajuste necesario del gasto, es decir reducción real del 5,7%. Si se incorpora la eliminación de la inversión total directa (como el gasto en obra pública), el ajuste cubriría un 48,3% de lo necesario y el gasto primario real tendría una reducción del 12%. Por último, al incorporar una eliminación del gasto en subsidios energéticos, el ajuste estaría cubriendo un 82,5% de los recursos necesarios y el gasto primario real descendería un 20,5%.
Es decir, la eliminación de estos cuatro 4 gastos no alcanza para completar la baja necesaria para lograr el equilibrio fiscal. El
restante 17,5% de recursos necesarios debería provenir de otros gastos, entre ellos tal vez los de algunas empresas públicas.
